Periodismo responsable, democracia participativa

En las últimas semanas el país se ha visto movilizado por distintos factores políticos, económicos y mediáticos que generaron cierta polarización en la sociedad. A favor o en contra, sin embargo, el ciudadano sólo pudo cumplir dos roles, el de víctima y el de espectador.

Más allá de los sucesos que son de público conocimiento, es interesante reflexionar acerca de la pasividad de los roles nombrados que se traducen en una sola palabra: exclusión.
El rol del ciudadano en una democracia como la de nuestro país, se reduce al voto en elecciones libres, pero la participación en el resto de los poderes institucionalizados formalmente es absolutamente limitada.
Por diversos factores históricos, como burocracia, negligencia, corrupción y autoritarismo, continuamos con una democracia de tinte “delegativa” que básicamente consiste en “producir, por medio de elecciones limpias, una mayoría que autoriza a alguien a convertirse, por cierto número de años, en la exclusiva corporización e intérprete de los más altos intereses de la nación”[1] y los proyectos de una democracia participativa siguen siendo meras utopías de algunas mentes subversivas.
Asimismo, hace algunas décadas que los medios de comunicación se han convertido en una institución, no formal, con gran poder de opinión e influencia en la sociedad. Este crecimiento es causa y consecuencia de la profesionalización del periodismo que se ha logrado en los últimos años, y en la vital importancia de la libertad de expresión e información reconocida en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Sin embargo en la Argentina la libertad de expresión y su eslabón, la libertad de prensa, suele ser un derecho que algunos utilizan como bandera para manifestarse con cierta impunidad, olvidando la responsabilidad que se tiene al estar frente a un micrófono, una cámara o una computadora, transmitiendo un mensaje sobre la realidad.
Cabe destacar que por medio de la Resolución 48/432 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, se declaró el 3 de mayo Día Mundial de la Libertad de Prensa, proclamando el “fomento de la libertad de prensa en el mundo”, y el reconocimiento de que “una prensa libre, pluralista e independiente es un componente esencial de toda sociedad democrática”[2].
La Declaración de Santiago (Chile, 6 de mayo de 1994), sobre el Fomento de unos Medios de Comunicación Independientes y Pluralistas[3], manifiesta, entre otros puntos, que “el respeto por el pluralismo, la diversidad cultural, de idiomas y de género, deberían ser un factor fundamental en nuestras sociedades democráticas y deberían reflejarse a través de todos los medios de comunicación”, que se debe “promover el mayor número de diarios, revistas, videos y canales de televisión que reflejen la gama más amplia posible de opiniones de la sociedad”, que “las autoridades estatales deben poner a disposición en forma oportuna y razonable, la información generada por el sector público”.
Abogar por una pluralidad de información, independencia y profesionalismo, implica que quienes son responsables y partícipes de los medios de comunicación tengan presente que su desarrollo en una sociedad democrática es necesario e indispensable, y ello implica la toma de conciencia del rol que se cumple. Es necesario que tengan presente la transmisión de un mensaje bajo los principios de la imparcialidad, no tergiversado, que contribuya a la educación, a la paz y al respeto de los miembros de la comunidad.
Actualmente en nuestro país, contamos con una Ley de Radiodifusión 22.285[4] sancionada durante la dictadura, y emparchada en reiteradas oportunidades por el gobierno de turno; hasta ahora los proyectos de una Ley de Radiodifusión democrática se repiten año a año, pero se agotan en la intención.
La polémica ley promueve la explotación de medios de comunicación con fines comerciales, favorece la concentración de la propiedad de estos medios y por tanto limita y excluye a amplios sectores de la sociedad a participar de este servicio que es patrimonio de la humanidad.
Un gobierno democrático, como tal, se encuentra en la obligación de defender la libertad de expresión sancionando una Ley de Radiodifusión inclusiva que permita la igualdad de oportunidades y participación de toda la comunidad.
En base a lo mencionado y volviendo al principio de este artículo es llamativo destacar que en las última semanas los ciudadanos sólo ha formado parte de los conflictos entre la prensa y el gobierno como meras víctimas y espectadores de un hecho del que pocos realmente pueden formar parte fuera de la polarización generada por éstos.
También resulta llamativo que quienes se escoltan detrás de la bandera de la libertad de prensa, no promuevan la discusión y la sanción de una Ley de Radiodifusión democrática que permita una discusión abierta y la real participación de la sociedad, basado en el derecho humano a comunicarse y recibir información de carácter independiente y diverso.
Es vital el rol de la comunidad en la exigencia y la participación del cumplimiento de sus derechos y libertades en un estado democrático, y de la misma forma, en el pedido de un justo manejo de la información que los incluya en la libertad de expresión, porque dichas libertades no son tales si están basadas en la exclusión.

Más información:
Iniciativa Ciudadana por una Ley de Radiodifusión para la Democraciawww.coalicion.org.ar
[1] O’DONNELL, G. (1992), “¿Democracia delegativa?”, en Contrapuntos: ensayos escogidos sobre
autoritarismo y democratización, 287-304, Buenos Aires: Paidós, 1997 [Cuadernos del CLAEH 61: 5-
20; “Delegative democracy”, Journal of Democracy 5 (1): 55-69, 1994].

[2] http://www.me.gov.ar/efeme/libertadprensa/libertadprensa.html
[3] http://legislaciones.amarc.org/Declaracion_de_sant.htm
[4] http://www.comfer.gov.ar/leyderadiodifusion22285.php